Los desaparecidos forzados en
Colombia, ¿Cuántos se buscan?
Colombia, ¿Cuántos se buscan?
"Los desaparecidos/que digan donde están."
Las familias de las 240 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas ya han podido elaborar su duelo; sin embargo, ellas representan un mínimo de familias afectadas. Por eso, con el Plan de Búsqueda que será presentado este mes de noviembre por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se espera que muchas más familias sepan por fin la suerte que corrieron sus seres queridos. Precisamente el plan establece procedimientos para que la exhumación de cadáveres y su identificación respondan a parámetros comunes a todas las instituciones del Estado, de manera que los logros sean aún mayores y, además, para que se pueda responder a la pregunta:
¿Cuántos desaparecidos forzados se buscan en Colombia?
¿Cuántos desaparecidos forzados se buscan en Colombia?
La desmovilización de más de 30 mil paramilitares ha conducido a la ubicación de decenas de fosas comunes: 240 cuerpos de colombianos han sido encontrados y, según la Fiscalía General, se espera hallar 2।500 más. Sin embargo, el delito de la desaparición forzada continúa en el país: 839 personas desaparecieron por la fuerza en 2005, y 175 en el primer semestre de2006, según el Instituto de Medicina Legal. Hoy en diferentes lugares del país, hay familias que están sufriendo la tragedia de la desaparición forzada, que suplican el fin del vía crucis y que piden que les devuelvan a sus seres queridos, así sea sus cuerpos para darles sepultura. “Prefiero recibir una mala noticia a continuar en la incertidumbre”, dice una mujer que desea conocer el paradero de su marido, desaparecido hace dos meses en Cúcuta.
Entre 3.000 y 14.000
En Colombia se habla de “cientos” y “miles” de ciudadanos desaparecidos por la fuerza. Nadie tiene una cifra definitiva. El primer caso, reportado ante la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Asfaddes, y atribuido a organismos de seguridad del Estado, se remonta a 1977.
Ese año, Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 34 años, militante de izquierda, desapareció en la ciudad de Barranquilla junto con su novio. Él fue torturado y ella nunca regresó. En febrero de 1983, por primera vez en el país alrededor de 100 personas se reunieron con claveles blancos en la Plaza de Bolívar. Cargaban 29 retablos con fotos de sus hijos, padres y hermanos que habían sido llevados por la fuerza por desconocidos y no habían regresado. Entre ellos estaban los familiares de los 13 jóvenes que desaparecieron, uno a uno, durante 1982. En su mayoría eran estudiantes de la Universidad Nacional que apoyaban las ideas del m-19 o el epl. “Ahí nace lo que hoy en día es la asociación Asfaddes, inspirada en la experiencia de la asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina”, relata Gloria Gómez, su directora. En 1984 ya se reportaban más de 300 casos. En Bogotá, Medellín, Cali y Neiva se multiplicaron los retablos, así como las familias que, llenas de dolor, pasaban a convertirse en incansables buscadoras de sus seres queridos.“Actualmente la información sobre desaparición forzada está completamente dispersa y no está sistematizada. El Registro Único de Personas Desaparecidas recogerá toda la información a partir de este mes de noviembre. Es posible que a mediados de 2007 ya tengamos un conocimiento preliminar de las primeras estadísticas oficiales sobre víctimas de desaparición forzada en Colombia”, afirma Eduardo Realpe, delegado del Defensor del Pueblo en la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas देसपरेसिदास।
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó en su informe de 2005, la existencia de 3.600 desaparecidos por la fuerza según datos obtenidos de sus familiares. Tan sólo en 2004 se reportaron 279 nuevos casos y en 2005, 317, dice el documento.
Existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad… Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas”, advirtió en su visita a Colombia, en julio de 2005, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, para quien la desaparición forzada es un crimen “cometido por agentes estatales o personas que perpetran el delito con su tolerancia, aquiescencia o apoyo”।
Existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad… Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas”, advirtió en su visita a Colombia, en julio de 2005, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, para quien la desaparición forzada es un crimen “cometido por agentes estatales o personas que perpetran el delito con su tolerancia, aquiescencia o apoyo”।
Las dificultades
Varias son las dificultades para conocer la realidad sobre la desaparición forzada. En primer lugar, el Estado colombiano reconoció muy tarde la existencia de este flagelo: en 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada, cuando habían pasado ya 17 años desde que Comenzaron las marchas de los claveles blancos. “Antes del 2000, la desaparición forzada no era considerada delito y las denuncias eran recibidas en la Fiscalía como un secuestro simple. Nosotros siempre nos negamos a reportarlas así”, concluye la directora de Asfaddes. Segundo, hay un alto subregistro. Por ser un crimen cometido, entre otros, por agentes estatales o con su tolerancia, las familias temen denunciar ante el perpetrador. El subregistro también se debe al modus operandi de este delito. En los años setenta y ochenta predominaron las desapariciones individuales en el ámbito urbano con altos niveles de ocultamiento. En los años noventa, con el auge del paramilitarismo, aumentaron las desapariciones colectivas. San Onofre (Sucre) ha sido un ejemplo dramático de la situación. En los últimos meses se han descubierto 30 fosas con 80 personas. Las últimas fueron halladas el pasado mes de octubre.Una tercera dificultad es la metodología en la recolección de información. Varias entidades oficiales no diferencian el posible motivo de la desaparición. Por eso, incluyen al desaparecido forzado y también a quien
se perdió por padecer una enfermedad mental, entre otras . http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=866&var_recherche=leandro
Varias son las dificultades para conocer la realidad sobre la desaparición forzada. En primer lugar, el Estado colombiano reconoció muy tarde la existencia de este flagelo: en 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada, cuando habían pasado ya 17 años desde que Comenzaron las marchas de los claveles blancos. “Antes del 2000, la desaparición forzada no era considerada delito y las denuncias eran recibidas en la Fiscalía como un secuestro simple. Nosotros siempre nos negamos a reportarlas así”, concluye la directora de Asfaddes. Segundo, hay un alto subregistro. Por ser un crimen cometido, entre otros, por agentes estatales o con su tolerancia, las familias temen denunciar ante el perpetrador. El subregistro también se debe al modus operandi de este delito. En los años setenta y ochenta predominaron las desapariciones individuales en el ámbito urbano con altos niveles de ocultamiento. En los años noventa, con el auge del paramilitarismo, aumentaron las desapariciones colectivas. San Onofre (Sucre) ha sido un ejemplo dramático de la situación. En los últimos meses se han descubierto 30 fosas con 80 personas. Las últimas fueron halladas el pasado mes de octubre.Una tercera dificultad es la metodología en la recolección de información. Varias entidades oficiales no diferencian el posible motivo de la desaparición. Por eso, incluyen al desaparecido forzado y también a quien
se perdió por padecer una enfermedad mental, entre otras . http://www.colectivodeabogados.org/article.php3?id_article=866&var_recherche=leandro
La reparación debe dignificar a las víctimas con medidas que compensen sus pérdidas y restituyan sus derechos afectados
La reparación debe dignificar a las víctimas con medidas que alivien el sufrimiento, compensen las pérdidas sociales, morales y materiales, y restituyan los derechos ciudadanos afectados. Debe ser concebida como parte del proceso de justicia transicional , que incluye el esclarecimiento de la
verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, la aplicación de justicia y reformas institucionales que garanticen el avance de la democracia y la no repetición, y debe mostrar un balance entre las medidas de reparación materiales y simbólicas y aquellas de carácter individual y colectivo. En cuanto a la reconciliación, es “tanto una meta, como un proceso a largo plazo de personas o sociedades, encaminado a construir un clima de convivencia pacífica basado en nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado y entre ellos mismos, así como la profundización de la democracia, con la participación de la sociedad civil y las instituciones”, como se advierte en el documento Definiciones estratégicas.
Contribuyen a alcanzar la reconciliación la generación de un diálogo entre las partes involucradas en el conflicto, el fortalecimiento del Estado social de derecho, el reconocimiento y respeto de los procesos de participación y representación, la creación de condiciones de seguridad y la presencia legítima del Estado en todo el territorio nacional।La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación decidió abrir comisiones regionales para transferir y adecuarsus funciones y competencias a las características propias de las comunidades. www.asfaddes.org.co/a1.pdf
La reparación debe dignificar a las víctimas con medidas que alivien el sufrimiento, compensen las pérdidas sociales, morales y materiales, y restituyan los derechos ciudadanos afectados. Debe ser concebida como parte del proceso de justicia transicional , que incluye el esclarecimiento de la
verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, la aplicación de justicia y reformas institucionales que garanticen el avance de la democracia y la no repetición, y debe mostrar un balance entre las medidas de reparación materiales y simbólicas y aquellas de carácter individual y colectivo. En cuanto a la reconciliación, es “tanto una meta, como un proceso a largo plazo de personas o sociedades, encaminado a construir un clima de convivencia pacífica basado en nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado y entre ellos mismos, así como la profundización de la democracia, con la participación de la sociedad civil y las instituciones”, como se advierte en el documento Definiciones estratégicas.
Contribuyen a alcanzar la reconciliación la generación de un diálogo entre las partes involucradas en el conflicto, el fortalecimiento del Estado social de derecho, el reconocimiento y respeto de los procesos de participación y representación, la creación de condiciones de seguridad y la presencia legítima del Estado en todo el territorio nacional।La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación decidió abrir comisiones regionales para transferir y adecuarsus funciones y competencias a las características propias de las comunidades. www.asfaddes.org.co/a1.pdf
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